El Congreso ha aprobado por unanimidad y con competencia legislativa plena el proyecto de Ley en materia de Concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de España que justifiquen su especial vinculación con España. El texto será remitido directamente al Senado sin necesidad de pasar por el Pleno de la Cámara Baja.
En el texto se establecen los requisitos que los interesados deberán presentar para acreditar su origen sefardí, entre los que se encuentran aportar un certificado de la Federación de comunidades judías de España, la acreditación del uso del ladino o el certificado de matrimonio celebrado según las tradiciones de Castilla.
Mientras, la vinculación con el país, deberán demostrarla con certificados de estudios de historia y cultura españolas, la realización de actividades benéficas, culturales o económicas en España o de apoyo a instituciones para la conservación de la cultura sefardí.
Además, se mantiene la exigencia de que los solicitantes realicen dos pruebas, una de conocimiento básico de la lengua española y otra de la realidad social y cultural, ambas diseñadas por el Instituto Cervantes.
Las solicitudes deberán realizarse por la plataforma electrónica habilitada para ello e irá dirigida a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Tras examinar el notario los documentos aportados, cuando estime inicialmente justificada la condición de sefardí y la vinculación con España, concertará con el interesado su comparecencia, en la que deberán presentarse los documentos originales. En el texto se especifica que la comparecencia podrá realizarse en persona o a través de representante legal.
ARANCELES
Una novedad en el proyecto de ley es que se elimina la tasa de 75 euros para adquirir la nacionalidad pero se habilita al ministro de Justicia para dictar las disposiciones necesarias como la fijación y gestión de aranceles para el cálculo de los honorarios notariales de la tramitación de los expedientes de nacionalidad.
En este sentido, la portavoz del grupo parlamentario socialista, María del Carmen Silva, ha criticado que se otorgue esta potestad al ministro de Justicia pues, a su parecer, supone una «privatización de los registros públicos» y el portavoz del Grupo de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha señalado que es «una burla al Parlamento» que primero se dijera que no se iba a cobrar la tasa y ahora se incluya esta disposición.
El grupo popular también introduce en el texto una enmienda por la que establece que el Instituto Cervantes diseñará las pruebas de conocimiento para extranjeros que quieran adquirir nacionalidad por residencia.
En este sentido, la portavoz del grupo socialista ha mostrado su «indignación» por el procedimiento que se ha seguido con este proyecto de ley pues el grupo popular no ha dejado a los grupos parlamentarios debatir sobre la adquisición de la nacionalidad por residencia ni sobre el examen de integración que «introducen por la puerta de atrás» y que afectará a cinco millones de personas. «Esta forma de actuar roza el fraude», ha insistido.
No obstante, el portavoz del grupo popular, Gabriel Elorriaga ha matizado que el grupo popular tiene una «capacidad de enmienda ilimitada» y, más aún, según ha precisado, «cuando se refiere a materias íntimamente conectadas». Por ello, considera «de sentido común aprovechar la ocasión para acomodar los procedimientos de acceso a la nacionalidad».
«OPORTUNIDAD PERDIDA» CON LOS SAHARAUIS
Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Mixto, Joan Tardá, ha destacado la importancia de la ley pero ha lamentado que se trata de «una gran oportunidad perdida» por no incluir a los saharauis.
Según ha recordado, una persona de nacionalidad saharaui que resida en España requiere 10 años para tramitar la adquisición de la nacionalidad, a diferencia de los ciudadanos de Sudamérica, Guinea o Filipinas, por ejemplo. «Esta discriminación nos sonroja un tanto», ha subrayado.
Sin embargo, Elorriaga, ha recordado que en la tradición jurídica española «siempre han sido leyes singulares las que han reconocido a colectivos singulares» y ha puesto el ejemplo de una ley para los extranjeros que habían participado en brigadas internacionales o la de memoria histórica para hijos de exiliados.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, Emilio Olabarría, ha hecho suya la reflexión de Tardá sobre los saharauis pero se ha centrado en los sefardíes para recordar que su grupo presentó algunas enmiendas en relación a algunos requisitos para acreditar el origen sefardí y la especial vinculación con España.
Así, sobre la acreditación del uso del idioma familiar por la partida de nacimiento o el certificado matrimonial según la tradición de Castilla, ha indicado que son «verdaderos anacronismos jurídicos». Asimismo, acerca del requisito de probar la realización de actividades benéficas, ha apuntado que esto «mercantiliza de alguna manera» las posibilidades de adquisición de nacionalidad. Además, en cuanto a la especial vinculación con España, se ha preguntado si esto se acreditará participando «en un curso de sevillanas o de tortilla española».
«PRIVATIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS»
Por su parte, el portavoz del Grupo de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha asegurado que vota a favor de la aprobación del proyecto de Ley porque, como dice el dicho, «quien quiere más, quiere menos», pero no porque estén del todo satisfechos con el texto porque su grupo quería que se solucionase el problema de reconocimiento de nacionalidad en España, «legalmente disperso en estos momentos» y que supone «discriminación a otros colectivos».
En cualquier caso, ha señalado que lo que no van a «tragar» es que se les pase con este proyecto un intento de «privatización de los registros públicos».
Mientras, el diputado de CiU, Jordi Jané, ha apuntado que, aunque votan a favor, el producto final no es el que deseaban pues observan en el texto «un cierto abuso de la posición de mayoría absoluta». Además, considera que la denominación del proyecto de ley va a resultar «algo engañosa» pues crea «muchas esperanzas» y después el procedimiento será «en ocasiones difícil de cumplir».
«Imaginemos una persona que quiera acogerse a esta ley, que inicie los trámites y realice las pruebas y que al final le dijeran que no ha quedado acreditado que es sefardí originario de España», ha planteado.
El portavoz del grupo popular en el Congreso ha aclarado que «no va a ocurrir que nadie se desplace a España sin saber si le va a ser reconocida» la nacionalidad pues el notario solo pedirá la comparecencia una vez examinada la documentación. «La presencia física tiene por objeto aportar la documentación original y una declaración personal y responsable», ha precisado.
Finalmente, Elorriaga ha explicado que la prestación del servicio público del Registro Civil «continuará siendo gratuita».
