Decisión Administrativa Impugnada: El recurso contencioso-administrativo se presenta cuando se está en desacuerdo con una decisión, acto o disposición emitida por la administración pública, como una resolución, una sanción, un contrato o cualquier otra acción administrativa.

Elección del Órgano Competente: Existen diferentes órganos judiciales contencioso-administrativos en España, a nivel local y nacional. Debes elegir el órgano competente en función de la jurisdicción y la materia de tu caso.

Presentación de la Demanda: La parte interesada presenta una demanda ante el tribunal contencioso-administrativo correspondiente. En la demanda se exponen los argumentos y fundamentos legales por los cuales se considera que la decisión administrativa es incorrecta o ilegal.

Plazo de Presentación: El plazo para presentar un recurso contencioso-administrativo es de dos meses a partir del día siguiente en que la decisión administrativa fue notificada o a partir del día en que se considera notificada.

Admisión a Trámite: El tribunal evalúa la demanda y decide si la admite a trámite. Si se admite, se notificará a las partes involucradas y se dará inicio al proceso judicial.

Fase de Pruebas y Alegaciones: Las partes pueden presentar pruebas, evidencia y alegaciones para respaldar sus argumentos. Esto puede incluir documentos, testimonios y otros elementos relevantes.

Vista Oral: En algunos casos, se puede programar una vista oral en la que las partes presentan sus argumentos y evidencia ante el tribunal.

Sentencia: Una vez que se ha completado el proceso judicial, el tribunal emite una sentencia que resuelve el caso. La sentencia puede confirmar, anular o modificar la decisión administrativa impugnada.

Recursos Adicionales: En caso de desacuerdo con la sentencia, es posible presentar recursos adicionales ante instancias superiores, como el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional, en función de la naturaleza del caso.

Importante: Presentar un recurso contencioso-administrativo es un proceso legal complejo que requiere conocimientos específicos en derecho administrativo y procesal. Se recomienda contar con el asesoramiento de un abogado especializado en derecho administrativo para asegurarse de que se sigan los procedimientos adecuados y se protejan los intereses de manera adecuada.

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