La expulsión de ciudadanos extranjeros sometidos a procedimientos penales antes de su finalización.
La normativa procesal penal española carece de referencia alguna a una situación tan relevante como que el investigado sea extranjero en situación administrativa irregular, y frente a él se pretenda administrativamente la expulsión de España. Eso genera, en la práctica, la necesidad de buscar respuestas a esa profunda problemática en otras fuentes, tales como las normas de extranjería, la jurisprudencia y los principios generales del derecho, dando como resultado una composición que tratamos de exponer en este texto.
Uno de los más importantes efectos de la condición de extranjero de un investigado en el ámbito penal es la necesidad, por parte de las autoridades administrativas, de solicitar a la autoridad judicial autorización para ejecutar la decisión ya acordada de expulsión de nuestro país del extranjero, en caso de que se encuentre en situación irregular. Ninguna referencia, ni a sus presupuestos ni a sus efectos, se realiza, a pesar de ello, en las normas procesales penales, lo cual obliga a buscar otras vías para resolver esta interesante problemática. Al respecto, hemos de acudir, en primer lugar, a la Ley y Reglamento de Extranjería, para intentar vislumbrar, siquiera en lo elemental, el trámite a seguir. No obstante, varios de sus elementos no son los suficientemente exhaustivos, lo cual nos obliga a auxiliarnos de otras fuentes, como la jurisprudencia, las normas creadas por la Fiscalía e incluso los principios generales del derecho, para intentar articular una respuesta a esta interesante situación.
